Odebrecht y la conexión con la Argentina

La megaobra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento es el principal contrato que Odebrecht tiene en el país y que el Gobierno podría darlo de baja, por el gran escándalo de corrupción en el que está involucrada la firma brasileña.

La causa conocida en Brasil como “Lava Jato” investiga por pago de coimas y sobornos a las constructoras Odebrecht, Camargo Correa, Techint, OAS y Contretas. El puntapié inicial de esta pesquisa la dieron ex directivos de Odebrecht que declararon ante la justicia de Brasil a cambio de impunidad. Aseguraron que pagaron sobornos en al menos 9 países de América Latina por más de 788 millones de dólares.

En Argentina, además del soterramiento del Sarmiento se investigan la construcción de dos plantas potabilizadoras, una en Tigre y otra en Berazategui.

Marcelo Odebrecht, exdirector general de la compañía que lleva su nombre, dijo ante la Justicia de Brasil que pagó coimas millonarias para acceder al proyecto, sobornos que llegarían a los 20 millones de dólares, según documentos del “Lava Jato” revelados por La Nación. El empresario es un delator premiado, es decir que accedió a aportar información sobre las irregularidades a cambio de mejorar su situación judicial.

Así, el ejecutivo habló sobre la sigla “DGI” que aparece en una gran cantidad de documentos internos de la constructora, que no tenían vinculación con la Dirección General Impositiva, sino que eran una referencia para esconder los pagos de sobornos. “DGI” significaba “compromisos políticos”, “favores”, o “pagos a agentes públicos”, entre otros, y que representaban costos que se incluían y aumentaban los montos finales de los contratos.

El empresario no dio nombres de los receptores de las coimas y declaró que “delegaba mucho” cuando había operaciones en el exterior. Aunque no habló de montos, otros empresarios que también entraron al régimen de “arrepentidos” hablaron de sobornos por U$S 20 millones para quedarse con la megaobra, en pleno kirchnerismo.

El exdirector de la empresa está condenado a 19 años y 4 meses de prisión por la justicia de Brasil y declaró que en la Argentina las empresas estaban obligadas a tener “socios locales” y a contratar lobbistas que allanaban el camino para cualquier pedido. En otros proyectos recurrió a la constructora Esuco, de Carlos Wagner, y a BTU, de Carlos Mundin. Además contrató los servicios de Jorge “Corcho” Rodríguez, señalado como “valijero” de la firma. El empresario rechazó esta versión pero admitió que trabajó para esta firma.

La presunta participación de De Vido

Los documentos revelaron que habría habido dos etapas en las negociaciones de la empresa con el gobierno kirchnerista, con dos intermediarios. La primera liderada por el dueño de la constructora Esuco, Carlos Wagner, que fue titular de la Cámara Argentina de la Construcción durante ocho años, entre 2004 y 2012. La segunda parte con Jorge Rodríguez, “El Corcho”, que negó que haya sido “valijero” de la compañía aunque admitió que fue “asesor”.

Tanto Rodríguez como Wagner habrían actuado en nombre de De Vido y acordado millonarias coimas entre 2007 y 2014 con Odebrecht, consigna La Nación. Ambos rechazaron estas versiones, que aparecen en el material del megacaso de corrupción. “Es falso”, aseguró Wagner, mientras que Rodríguez dijo que “lo usan” para “tapar otros temas y otras personas que estuvieron metidas”, aunque no dio precisiones.

Estas desmentidas, que se suman a la del exfuncionario K, se contraponen con las declaraciones de los “arrepentidos” en Brasil. Uno de los ejecutivos, Marcio Faria da Silva, declaró que se reunió dos veces con De Vido y habló sobre los millones de dólares que se pagaron en la Argentina para acceder a contratos de obra pública.

Las exigencias de la firma brasilera

Mientras el Estado argentino intenta determinar a qué funcionarios se les pagó los US$ 35 millones que Odebrecht confirmó que pagó en el país, sucede algo que es casi insólito.

Según un informe de LN+ la empresa comenzó a reclamarle al Estado un resarcimiento por los contratos rescindidos. Sólo por las obras de ampliación de los gasoductos del norte y sur Odebrecht está exigiéndole ahora al Estado un resarcimiento de US$ 202,6 millones.

La suma que pide la empresa es casi seis veces más de lo que pretende pagar por los daños que provocó a las arcas del Estado con sus acciones y sus coimas.

La Auditoría General de la Nación y también la Sindicatura General de la Nación habían advertido en 2012 y 2014 por posibles sobreprecios y anomalías en obras de la empresa. En febrero de este año el Ministerio de Energía dio la orden para terminar los contratos y se radicó una denuncia penal por presuntos sobreprecios.

Odebrecht exige un resarcimiento de $ 939 millones y US$ 123 millones por la rescisión de la obra que estaba bajo la órbita de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA); y $ 148 millones y US$ 13 millones más, por la que había ganado Albanesi. 

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