De no cumplirse los tiempos del acuerdo, la penalización para el país será pagar una mayor tasa de interés hasta abonar la deuda a los acreedores.
13 de abril es la fecha marcada en el calendario. Argentina ya cumplió con todos sus requisitos para salir del default y la carrera de obstáculos se encuentra en su tramo final. Un eventual fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York es el único impedimento para acordar con los fondos buitre.
¿Qué sucederá este miércoles en la Corte de Apelaciones de la Gran Manzana? Se escucharán los argumentos, a favor y en contra y se decidirá si corresponde levantar el embargo de pagos de deuda de la Argentina y dar vía libre al acuerdo con los fondos buitre.
Deberá ser una operación express. Menos de 24 horas después vence el plazo pactado entre la Argentina y el grupo de acreedores más duros, NML Capital, Aurelius Capital, Blue Angel Capital, Olifant y FFI Fund, para que la nación les pague 4.635 millones de dólares antes del mediodía neoyorquino.
Continúas equivocaciones
Han transcurrido más de 14 años desde que el presidente Adolfo Rodríguez Saá suspendió los pagos del país sin tener un plan de renegociación en carpeta. En medio de una crisis terminal en diciembre de 2001, se anunció que el Tesoro no afrontaría el pago de sus deudas y priorizaría la atención a los problemas domésticos.
Luego vinieron los dos canjes de deuda (2005 y 2010) que acumularon a 93% de las adhesiones. Se hizo mediante la Ley Cerrojo, normativa que buscaba asegurar una alta aceptación a la propuesta del Gobierno, con miras a reestructurar deuda en default por casi 100.000 millones de dólares.
El instrumento establecía que el Poder Ejecutivo no podría reabrir el proceso de canje para apurar una aceptación de los tenedores. Se convirtió en un arma de doble filo y el país seguía sin acceso al crédito internacional, una especie de tarjeta roja para las inversiones.
El último capítulo del impago giró en torno a la Ley del Pago Soberano, sancionada en septiembre de 2014, cuyo objetivo era eludir el fallo del juez Thomas Griesa, quien bloqueó todo cobro por parte de los bonistas reestructurados hasta que la Argentina no llegase a un acuerdo con los holdouts.
Acuerdo récord
Ahora, el equipo liderado por Alfonso Prat Gay aguarda la audiencia y comenzó sondeos en los mercados para colocar unos 12 mil millones de dólares en bonos, que se destinarán a pagar el acuerdo con los holdouts, una posibilidad que sólo se abrirá si la Corte confirma la decisión de Griesa de dar luz verde al preacuerdo.
Los convenios suman cerca de 8.200 millones de dólares y representan al 85% de la deuda en cesación de pago, según Sebastián Maril, editor de Mercado en 5 Minutos. Los más recientes acuerdos son relevantes porque se trata del primer pacto donde los acreedores renunciaron a una eventual apelación y aleja la posibilidad de que se sumen 25% de los demandantes que rechacen la propuesta argentina y reclamen ante una segunda instancia.
Entonces sólo queda 15% fuera de la oferta, lo que implica que si la Cámara de Apelaciones da el aval a Griesa para aplicar el stay, la Argentina comenzaría a pagar, cumpliría con más del 90% de las liquidaciones y diría adiós al default. Los bonistas que no aceptaron recurrirían a la apelación, pero según los abogados que representan al país, tendrían bajas probabilidades de éxito.
Los escenarios
Desde el Gobierno creen que el tribunal norteamericano coincidirá con la posición de Griesa y que en la semana del 18 de abril se concretaría el pago de la deuda.
Dos de los magistrados tienen cercanía con el Partido Demócrata, en momentos en que Barack Obama apoya a la Argentina para cerrar ese capítulo, y el tercero trabajó en el estudio Cleary, el bufete que asesora a la Argentina.
Algo poco probable, pero posible, enumeró Maril, es que la Corte dicte sentencia el mismo 13 de abril e inmediatamente envíe el caso a Griesa, quien, si es favorable al país, deberá ratificarlo para que la Argentina transfiera los fondos pactados con los holdouts.
Bajo ese escenario, la Argentina tendría los minutos contados para depositar los fondos. Sin embargo, el ministro de Hacienda y Finanzas, ha reconocido que será difícil cumplir con la fecha, ya que los tiempos juegan en contra, por lo que esperan que NML prolongue la fecha del acuerdo unos días.
De no cumplir con los tiempos del acuerdo, la única penalización en que la Argentina incurrirá es pagar una tasa de interés más alta hasta que abone lo adeudado al grupo duro de acreedores. Pero de ninguna forma afectará la salida del default si la Corte de Apelaciones falla a favor. El juez Griesa levantaría las cautelares con o sin acuerdo vigente con NML Capital.
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