El FMI contra los Buitres: hizo sugerencias para limitar su poder
Tal como lo hizo la Argentina en la ONU, el organismo que preside Christine Lagarde emitió ayer un documento crítico hacia los efectos nocivos que las decisiones del juez Thomas Griesa pueden tener en los procesos de deuda. “Hay que limitar la incertidumbre” derivada de litigios de esa naturaleza, se advierte.
El jefe del Departamento de Asuntos Legales del fondo, Sean Hagan, presentó un paper en el que propone maneras de reducir el poder de los fondos buitre a través de cambios en la cláusula de pari passu y de acción colectiva.
Por eso, el texto recomienda medidas para limitar el poder que hoy tienen este tipo de fondo inversor, de modo que la fórmula que el juez aplicó contra la Argentina “no se repita” con otros países en el futuro.
Se trata de sugerencias para incorporar en los nuevos contratos de deuda, que chocan con las interpretaciones que hizo Griesa y que, en cierto modo, toman distancia también del camino elegido por el gobierno de Cristina Kirchner al apelar a las Naciones Unidas (ONU).
Las nuevas recomendaciones del Fondo se refieren a dos cláusulas en particular: la de acción colectiva y la de pari passu. Esta última es la que tomó como base el juez neoyorquino Griesa para poner en jaque a toda la reestructuración de la deuda argentina, según han denunciado las autoridades nacionales, empezando por la propia presidente Cristina de Kirchner.
Hagan hizo hincapié en la preocupación compartida con otros actores de la comunidad internacional sobre la “implicancias sistémicas” del caso, ante la posibilidad de un escenario donde resulte “fortalecida” la estrategia de los fondos buitre en su litigio con Argentina.
“La preocupación – y esta preocupación es compartida por muchos, no sólo por el Fondo Monetario Internacional – es que este caso pueda tener implicancias sistémicas si fortaleciera la estrategia de los holdouts en casos futuros”, en palabras de Hagan.
La reforma que apoya el FMI es dejar en claro que la cláusula pari passu no requiere un pago pro rata a todos los acreedores, sino que se los considere a éstos en la misma condición legal que aquellos que ingresaron a las reestructuraciones. Dicho de otra forma, según Hagan, “prohibir acciones que resulten en la subordinación legal de ciertos acreedores no garantizados por encima de los otros”.
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