Buitres: se profundiza el default técnico y hay más riesgo de aceleración de deuda

Llegar a enero. Es la meta que parece tener el Gobierno de la Nación para luego poder comenzar a renegociar con los fondos buitre y terminar de solucionar el problema de la deuda reestructurada. Sin embargo, los últimos meses del año le aportan tensión a esta vertiginosa carrera. Este jueves vence el plazo de gracia para el pago de los bonos Par, por unos 154 millones de dólares; si la Argentina incumple, esta nueva deuda se acumularía con la de los bonos Discount, que se eleva a 539 millones de dólares y que fue la que empujó al país al default técnico en julio pasado.

Lo que podría tomarse como un capitulo más de la novela buitre, preocupa a los inversores, ya que puede ser la llave para que los acreedores busquen el consenso y demande la aceleración del pago de estos títulos públicos, en vez de esperar el vencimiento que tiene fecha recién en 2038. Es que la deuda contraída por el país contiene una claúsula que permite el reclamo del pago total en caso de que “la Argentina no cumple un pago de esos títulos y no corrige la omisión dentro de los 30 días”.

Según publicó esta mañana El Cronista,  hay un  nuevo fondo, el Owl Creek Asset Management, – que reúne 3.900 millones de dólares en activos– y que se suma a otros tantos que están discutiendo con inversores la formación de un grupo para demandar inmediatamente el pago de los bonos argentinos. El grupo necesitaría tener al menos 25% de los 5.400 millones de dólares  de deuda para pedir la aceleración.

Hasta ahora se especulaba con la posibilidad de llegar hasta enero sin mayores novedades, lo que le hubiera dado al Gobierno mayor margen para emprender una negociación con los holdouts. Sin embargo, esta presión de parte de aquellos inversores que tienen bonos que participaron de las reestructuraciones, resulta un importante obstáculo para encarar una negociación con los fondos buitre.  De un artículo publicado en Ambito Financiero esta mañana se desprende otra posible lectura: un eventual pedido de aceleración le pondría mayor presión al Gobierno para que arregle con los fondos buitre lo antes posible, con el objetivo de evitar que se caigan los canjes efectuados durante la actual administración kirchnerista.

En el caso de que los intentos de aceleración fuesen exitosos, el Gobierno se vería forzado a pagar la totalidad de la deuda reestructurada hasta 2038 en efectivo. Por lo tanto, se vería obligado a reestructurar la totalidad de la deuda, perdiéndose los beneficios de las negociaciones llevadas adelante en 2005 y 2010.

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