Ley de Abastecimiento: ¿en qué consiste y por qué genera tanta polémica?

Este miércoles Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma de la ley de abastecimiento, una sesión que no sólo se anticipa como polémica y que tendrá fuertes discusiones, sino que podría extender hasta mañana al mediodía.

Inversor Global busca responder la duda de muchos de nuestros suscriptores a nuestro newsletter gratuito que se preguntan qué impacto tendrá la sanción de esta nueva ley en la economía real y en sus opciones de inversión. Basicamente, este paquete de medidas le otorga más poder a la Secretaria de Comercio, a cargo de Augusto Costa, ya que amplía sus facultades y le da la opción de imponer precios mínimos, máximos y de referencia.

En concreto, las medidas a tratar son tres: a) la creación de una nueva instancia de resolución de conflictos para el consumidor; b) la creación de un Observatorio de Precios y disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, en cabeza de la Secretaría de Comercio, que releve los precios y cantidades producidas y comercializadas en múltiples áreas; y c) la modificación de la actual Ley de Abastecimiento, enfocando en la Secretaría de Comercio la unidad de fiscalización y ejecución, y ampliando su espectro de aplicación.

La reforma de esta legislación generó críticas de parte del sector industrial y de la oposición, sin embargo muchas de los “super poderes” que obtendrá la Secretaría de Comercio si se sanciona, no son tan nuevos.

¿Qué establece la Ley de Abastecimiento vigente?

La ley de Abastecimiento actual (Ley N° 20.680) data de junio de 1974, y fue dictada durante la tercera presidencia de Perón. Fue modificada en 24 ocasiones durante los últimos 40 años. Las últimas complementaciones fueron en el 2013 para el sector del trigo y de combustibles, y en 2011 para el servicio de TV paga.

Esta ley actual y de plena vigencia permite al Poder Ejecutivo cualquiera de las siguientes acciones para las actividades de sanidad, alimentación, vestimenta, calefacción y esparcimiento, entre otras:

• Establecer precios mínimos, máximos o márgenes de utilidad para cualquier etapa del proceso económico
• Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción
• Obligar a continuar con la producción, industrialización, comercialización, distribución o prestación de servicios, como así también a fabricar productos, dentro de niveles o cuotas mínimas que establezca el Poder Ejecutivo.
• Modificar provisoriamente aranceles de importación o acordar subsidios cuando sea necesario para asegurar el abastecimiento o prestación de servicios.
• Prohibir o restringir la exportación cuando lo requieran las necesidades del país.
• En caso de necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento, el Estado también puede intervenir temporariamente explotaciones agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras, establecimientos industriales, comerciales y empresas de transporte.
• Exigir documentación que pruebe la correcta administración de los negocios.

 ¿Qué modificaciones introducirá el Gobierno?

A pesar de tratarse de una normativa vigente, la ley de Abastecimiento actual fue puesta en duda en numerosas ocasiones. De echo, en 1991 un Decreto de Necesidad y Urgencia supendió su plena vigencia.

La propuesta que tratará de validar el oficialismo desde este miércoles apunta a aumentar el poder del Estado a la hora de fijar precios en los distintos eslabones de la cadena productiva y de comercialización.

El Gobierno podrá exigir la publicación de precios de venta y disponibilidad de productos por parte de las empresas, y  tendrá la capacidad de imponer sanciones a aquellos que discontinúen el abastecimiento o prestación de servicios o productos, o que no presenten la documentación requerida. Las sanciones equivalen a multas de hasta 1o millones de pesos.

La Casa Rosada también arremeterá contra las posiciones moopólicas dentro del mercado, uno de los temas que parece más interesarles de esta actualización.

Para ellos, se les impondría de penas de hasta $10 millones de pesos, eliminando el arresto como pena por incumplimiento, existente en la legislación actual.

Asimismo, se tomará como factor relevante el tamaño de la empresa en el mercado, para evitar el abuso de posición dominante (posición monopólica). Este último factor ha sido destacado en los últimos años como un tema pendiente a resolver por parte del Gobierno Nacional.

¿Cuáles son las principales críticas?

En el debate de Diputadas, la legisladora Diana Conti admitió que la ley contempla que el Estado intervenga en los campos donde “acopian materias primas que son necesarias para satisfacer necesidades básicas y lo hacen con afán de lucro desmedido”, según informó El Cronista.

Ayer, la Unión Industrial Argentina (UIA) ratificó, por unanimidad, su rechazo al proyecto oficial. “En un momento donde se debe generar confianza y certidumbre para promover la inversión que permita generar empleo de calidad y crecimiento económico, iniciativas como esta, además de su inconstitucionalidad, van claramente en sentido contrario a esos objetivos que el propio Gobierno nacional manifiesta promover”, sostuvo la central fabril en un comunicado.

La UIA marcó diferencia, dentro del proyecto global de “Ley de Relaciones de la Producción y Consumo, a los aspectos relacionados con la Defensa del Consumidor y con la Promoción de la Competencia, por un lado, y los de Abastecimiento, por el otro.

“El actual proceso que atraviesa la Argentina sólo se resuelve con más inversiones, lo cual requiere un marco de previsibilidad, y eso, a su vez, demanda acuerdos básicos o fundamentales, es decir, establecer ciertas reglas de juego que no se van a cambiar”, dijo por su parte el titular de la Asociación Empresaria Argentina ( AEA, )según un comunicado del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.