Diputados aprobó la nueva Ley de Abastecimiento

Ley de Abastecimiento recibe la aprobación de Diputados

Los argentinos se levantaron este jueves con la noticia de la aprobación a la reforma de la Ley de Abastecimiento. Fueron 130 los votos a favor y 105 en contra -además de 5 abstenciones- los que terminaron por aprobar la ley estatal que regularía la economía argentina.

Pero eso no fue lo único que tomó protagonismo en la madrugada de este jueves, ya que también se aprobó una normativa que es conocida como Observatorio de precios y que tendría como objetivo que se regulen los mismos para evitar que, en el proceso entre fabricación y venta, el precio no haya aumentado de forma desmedida.

Ley de Abastecimiento: solo en tres países

Muchos miembros de la oposición y empresarios irán a la Justicia para tratar de revertir la aprobación a la que se llegó este jueves, en medio de los temores que ellos han expresado del deseo del Gobierno de tener aún más control sobre el comercio y la economía.

En la actualidad, solo hay dos naciones más en las que este tipo de norma existe: Ecuador y Venezuela, y en este último país, lo que ha hecho el control sobre los precios de los productos es crear un mercado clandestino en el que se cobra más por artículos de primera necesidad, mientras que muchos han recurrido a la venta de éstos en Colombia, donde reciben mayor cantidad de dinero por ellos.

Más control del Estado

Una de las razones por las que los empresarios se han declarado en contra es que esta Ley de Abastecimiento, si entra en efecto, ahuyentaría aún más las inversiones, algo esencial para el desarrollo y mejora de sus negocios.

En términos específicos, lo que busca esta norma es darle poder al Estado para que clausure fábricas y confisque su mercadería en caso de que se compruebe que los precios aumentaron sin ninguna justificación o si esas compañías han tenido ganancias exageradas.

Funcionarios de la Administración de Cristina Fernández y promotores de la Ley han manifestado que será beneficiosa para proteger tanto al consumidor como al productor, que podrían estar en desventaja en comparación con las empresas distribuidoras de los productos.

Según un artículo publicado por la agencia de noticias Reuters, varios sectores encabezados por el agropecuario, han acusado desde hace años a la Presidenta porque ha perjudicado la actividad económica con la continua injerencia del Estado, lo que ha afectado gravemente las importaciones y exportaciones, a lo que además se añade el control al acceso a moneda dura.

Por el momento, la oposición a la normativa se mantendrá por parte de los empresarios y el próximo paso será acudir a la Justicia.

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