Hay algo en lo que todos coinciden: el conflicto de la Argentina con los fondos buitre y el posterior fallo del juez Thomas Griesa son inéditos. A pesar de su novedad en el mercado de la deuda soberana, el GrieFault en que entró el país luego del 30 de julio, instaura un antecedente de lo que puede ocurrir con otros países que reestructuren sus compromisos de pago.
La Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA) anunció el viernes cambios en sus reglas para que una minoría de acreedores pueda bloquear acuerdos de reestructuración de deuda soberana y evitar así un nuevo caso como el de Argentina. Aunque las modificaciones no tendrán efecto retroactivo, los nuevos términos para las “claúsulas de acción colectiva” y “pari passu” permitirán que los cambios aceptados por una mayoría de tenedores de bonos sean legalmente vinculantes para todos, según un comunicado de la ICMA.
Según informó Telam, el abogado de la ICMA, Leland Goss, afirmó: “Los riesgos potencialmente adversos a nivel mundial del cese de pagos y la reestructuración de la deuda argentina demuestran la importancia de disponer de términos contractuales claros y sin ambigüedades en los bonos soberanos”.
Estas reglas se aplicarán a las deudas gestionadas por al menos uno de sus integrantes, lo que, dado su tamaño y la importancia de sus integrantes, se difundirán en todo el mundo. Las nuevas normas “ofrecen una solución práctica al problema de las minorías de bloqueo”, aseguró el organismo.
El 93% de los acreedores de la Argentina aceptaron ingresar a los canjes de 2005 y 2010 tras el cese de pagos de 2001, mientras que el 7% restante, entre ellos los fondos especulativos, se negó.
El ICMA estimó que la interpretación de la cláusula “pari passu” que la justicia ha hecho en el caso de la reestructuración argentina conlleva “una considerable incertidumbre para futuras reestructuraciones”. Esta cláusula legal, cuyo nombre significa en latín “al mismo paso”, dispone, en el caso de una quiebra, que todos los acreedores deben ser tratados igual.
Con las nuevas reglas, “se reduce el riesgo” de ver como este mecanismo se usa para “perturbar futuras reestructuraciones”.
