Cautelar o default: la Argentina presiona para pagar deuda hasta 2015

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La Argentina ya no sabe cómo pedirlo: necesita que el juez de Nueva York Thomas Griesa vuelva a poner en suspenso su mandato judicial de pago a los holdouts, con el objetivo de proteger las negociaciones con esos grupos de acreedores. El gobierno argentino sostuvo que, de otro modo, un acuerdo por la deuda antes de 2015 es inviable, por ser demasiado riesgoso para el país.

El juez Griesa deberá definir esta mañana, desde las 11.30, si otorga una nueva medida cautelar a favor del país o, al menos, habilita que los acreedores del canje reciban los pagos del pasado 30 de junio. Caso contrario, el país se encaminará a un default forzoso. En esta línea, conocer el futuro financiero del país es importante para invertir mejor y por esa razón, los inversores deberán estar al tanto de la dirección que tome el juez estadounidense.

Mientras se esperaba la decisión del juez, la Argentina aceleró los procedimientos para pagar los vencimientos de deuda que quedan de aquí a fin de año. Son todos los pagos que faltan antes de que caiga la cláusula RUFO, que impide al Ejecutivo hacer una oferta a los fondos buitre que supere la del canje de 2005 y 2010.

La cláusula RUFO de las que disponen los bonos entregados en los canjes del 2005 y 2010 estipula  que cualquier mejora voluntaria que la República Argentina realizase sobre ofertas futuras de canje de deuda defaulteada deberá ser reconocida a quienes posean bonos de los entregados originalmente en los canjes del 2005 y 2010.

El documento que se le acercó al juez, elaborado por los abogados de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, marca la postura del país en la búsqueda de una solución al problema de la deuda cuando sólo faltan nueve días para que expire el período de gracia en que se debe cancelar el último vencimiento.

Una “resolución global”, afirma el escrito, debe incluir a todos los holdouts y no sólo a los litigantes, y debe ser consistente con las otras obligaciones contractuales del país, incluida la cláusula RUFO (que habilita a los bonistas del canje a reclamar si se le paga más a otro acreedor), ahora en el centro de la disputa entre el Gobierno y NML, el fondo que lidera la ofensiva judicial contra el país.

Según el Gobierno, un acuerdo que “dispare” la RUFO -vence el 31 de diciembre- generaría reclamos “por miles de millones de dólares” de los bonistas.

Además, según publicó el diario La Nación, podría llevar a los funcionarios argentinos -por ejemplo, al ministro de Economía, Axel Kicillof, y su equipo- a enfrentar cargos penales y juicios políticos, tal como ocurrió con quienes participaron del megacanje negociado por Domingo Cavallo en 2001.

Seguramente en las próximas horas haya novedades que puedan impactar directamente en las finanzas en Argentina. Si desea recibir las últimas actualizaciones del conflicto del país con los buitres y cuáles serán sus consecuencias directas en la economía, así como también cómo invertir mejor frente a esta coyuntura, suscríbase al Newsletter Gratuito de Inversor Global. Sí no lo recibe aún, solícitelo con un click aquí.

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