Entre la espada y la pared, el Gobierno intentará negociar con Griesa

Luego del anuncio que ayer a la tarde hizo el ministro de Economía, Axel Kicillof, sobre el rumbo que tomará la Argentina tras el fallo de la Corte de los Estados Unidos que favorece a los fondos buitre, una sensación quedó flotando en el aire: el Gobierno irá por la opción más arriesgada: cambiar la jurisdicción de la deuda e intentar negociar con el juez Griesa un plan de pagos posible.

Distintos analistas coinciden en que negociar en Nueva York es la única solución posible, pero sin dudas, la más incierta. A pesar de que el cambio de jurisdicción comenzó a diseñarse desde la gestión de Hernán Lorenzino, el juez Thomas Griesa había advertido que rechazaría esa posibilidad y sancionaría a quienes la faciliten.

A esto se le suma una gran incógnita: ¿quienes serán los tenedores de bonos que acepten el cambio de legislación? La estrategia del Gobierno es apelar a la “buena voluntad” de los bonistas, para que finalmente sean más los que acepten estas nuevas condiciones ( y así ver saldada su deuda) que los que no lo hagan.

Mientras tanto, los abogados de la Argentina en los Estados Unidos se reunirán esta mañana con el juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, para intentar una negociación con los fondos buitre. Sin embargo, el propio Kicillof aclaró ayer que las charlas serán con Griesa y no con los holdouts. ““Los buitres son buitres porque no negocian. Si estuvieran en condiciones de negociar, lo hubieran hecho como la mayoría” que ingresó al canje. “No pasarán, no voltearán nuestras reestructuraciones. Lo vamos a impedir””, afirmó vehemente el ministro.

Para José Luis Espert, “Kicillof está mal: quiere viajar a Estados Unidos y decirle a Griesa en la cara que  hará un canje de deuda para evadir su fallo, que a su vez fue ratificado por la Corte Suprema de ese país”.  Varios analistas coinciden en que el cambio de la sede de pago no será aceptado por el juez en Nueva York.

La situación se vuelve aún más delicada por dos razones: el cambio de jurisdicción podría representar un “default técnico”, ya que significa una modificación de las condiciones de emisión de los nuevos títulos, algo así como un “canje del canje”. Por otro lado, el factor tiempo, apremia a las negociaciones. Es que el 30 de este mes, en tan sólo 12 días, se vencen pagos por 900 millones de dólares. Para eso, será clave que se consiga el rehearing, por el cual la Cámara de Apelaciones prorrogaría 25 días la cautelar que congela el fallo Griesa.

Pero hay un tercer factor que complica más aún el plan de la Argentina. Bonistas italianos con títulos de la deuda pública argentina advirtieron este miércoles que, si el gobierno nacional paga a los holdouts como estableció la Justicia estadounidense, reclamarán cobrar la totalidad de lo que se les debe, sin respetar la quita a la que accedieron en la última reestructuración.

Mientras la Argentina está en la línea de fuego, el Bank of America afirmó a la agencia Bloomberg que la estrategia del país debería ser  negociar cara a cara con los demandantes, y advirtió que: “habrá una alta volatilidad en el camino y que hay un gran número de opciones sobre la mesa y las negociaciones serán duras”.

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