El Gobierno considera nuevas alternativas para negociar con los holdouts

El miércoles pasado, luego de que los abogados que representan al país se reunieran con el juez Thomas Griesa en Nueva York, la noticia de que la próxima semana una delegación argentina viajaría al país del norte para negociar con sus acreedores, se disparó.

Sin embargo, el jueves por la mañana el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich desmintió lo que se rumoreaba y finalmente, el Gobierno avisó que no negociaría en Nueva York y, que además, se cambiaría la sede de pago de la deuda. Esto, puso de cabeza los avances que se habían realizado.

Hasta ayer, Economía insistía en que no tenía definido viajar a Nueva York a negociar con los representantes de NML Capital, a pesar de que el viernes la presidenta Cristina Fernández había dicho en cadena nacional que el país estaba dispuesto a hacerlo, en condiciones equitativas.

La justicia de ese país no detendrá los embargos que dispuso sobre los pagos de deuda regularizada hasta que los litigantes lo pidan porque existen negociaciones. Los vencimientos de deuda del próximo lunes alcanzan los 900 millones de dólares, de los cuales unos 200 millones de dólares corresponden a bonos con legislación estadounidense.

Según publicó El Cronista, los representantes del banco de inversión Goldman Sachs se ofrecieron de intermediarios con representantes de NML Capital y podría comprar la deuda del juicio, que quedaría abstracto.

El problema es que esta es la primera sentencia negativa de varias posibles: hay otros 4.500 millones de dólares en cortes estadounidenses y, según Argentina, potenciales juicios por 15.000 millones de dólares. En el Gobierno no descartan ninguna posibilidad, pero juzgan que es difícil.

Otra opción es la de un canje mejorado. Como trascendió ayer en Economía Política, programa de la señal C5N, el Gobierno podría pagar ya una oferta similar a la de la reestructuración e incluir los desembolsos del cupón PBI para hacer más jugosa la propuesta, como para esperar una eventual resolución definitiva en 2015, cuando caiga la cláusula RUFO de los bonos.

Otra vez, aquí jugará la interpretación judicial: cualquier cambio en las condiciones (los acreedores del canje 2010 recibieron cupones sólo desde entonces y no los pagos correspondientes a los cinco años previos) podría desatar nuevos juicios.

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