Cristina reabrió el canje de deuda y se encomendó a Dios

El Gobierno anunció anoche la reapertura del canje de deuda a los bonistas que permanecen en default y ofreció a los que sí entraron en restructuraciones cambiar el lugar en donde se pagarán sus deudas de Nueva York a Buenos Aires.

La nueva estrategia para hacer frente a los fondos buitre, comunicada por la Presidente Cristina de Kirchner por cadena nacional, abre dos frentes: por un lado, se enviará hoy al Congreso Nacional un proyecto de ley para reabrir el canje de deuda, de manera que los bonistas podrán cobrar con las mismas condiciones que con el canje de 2005. Trato que difícilmente acepten, siendo que representa una quita del 63% y encima los holdouts ya ganaron dos instancias judiciales.

Por otra parte, aquellos que tengan títulos con ley extranjera, podrán recibir su equivalente con legislación nacional, que será saldado en Buenos Aires, con la divisa internacional en la que estén fijados.

Cristina de Kirchner explicó que la medida de cambiar el país donde se cobran los bonos apunta a “evitar futuros embargos”. “Tomamos una decisión para la salvaguarda de quienes han confiado en la Argentina con un reemplazo de títulos por la misma moneda y el mismo plazo, nada más que cambiando el lugar de pago”, dijo la mandataria. Minutos antes había señalado que la primera medida era “encomendarse a Dios para que ilumine a la Corte Suprema de Estados Unidos”.

Sin embargo, el cambio de lugar generó controversias en el mercado, ya que podría ser interpretada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, como un intento de eludir el fallo del viernes pasado.

Se trata de vencimientos de deuda reestructurada con legislación extranjera por unos US$ 28.000 millones. De esa suma, u$s 11.700 millones están emitidos bajo ley estadounidense, otros u$s 15.500 millones de acuerdo a la ley británica y u$s 400 millones con normativa japonesa. Son los pagos que quedaron comprometidos luego de que, el viernes por la mañana, la Cámara de Apelaciones ratificada el fallo de primera instancia del juez Thomas Griesa en su integridad.

Una medida “tardía e ineficaz”

Inmediatamente después del anuncio de la Presidente, voces de la oposición manifestaron su descontento con las medidas. “La reapertura del canje llega tarde”, dijeron desde distintos frentes.

Además, surgieron las dudas sobre si logrará captar la atención de los bonistas que conforman los holdouts, en una instancia tan cercana a la solución del conflicto, cuando todos, incluso en el Gobierno, dan por descontado que el fallo final será negativo para la Argentina. En caso de que esto ocurra, el pago estipulado en el  fallo de la Cámara de Apelación triplica el valor de los bonos en default.

Sin embargo, la intención del Ejecutivo apunta a demostrar que la Argentina tiene “voluntad de pago” y así cambiar su imagen. El país tiene tiempo hasta el viernes de la semana próxima para apelar ante la cámara que dictó el fallo. Luego, tendría tres meses para pedirle a la Corte de Estados Unidos que revea esta decisión.

¿La Argentina evitaría el default técnico?

Aunque la estrategia del Gobierno apunte obviamente a evitar el default, el mercado no confía en que estén dadas todas las condiciones para hacerlo.

Según dijo en declaraciones al Diario La Nación Javier Alverado, director de AMC, “existen fondos de inversión que no pueden tener deuda con legislación argentina”. Por otra parte, distintos analistas señalaron que para cambiar la ubicación de la deuda, el gobierno argentino necesitaría un colocador de deuda global y que será difícil que un banco internacional se preste a esto, dado que existe una orden de judicial de por medio.

El aspecto jurídico también genera controversia, ya que si la Corte de Estados Unidos interpreta la jugada del Gobierno como un intento de eludir la ley, puede acelerar el veredicto, que quedó suspendido en el fallo del pasado viernes. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía manifestaron que -en caso de que se interrumpa ese stay- no habría dificultad para pagar.

Esta mañana, en declaraciones a Radio El Mundo, la senadora de la UCR Laura Montero, que preside la comisión de Economía del Congreso, afirmó: “vamos a revisar la letra chica”. Se refirió particularmente a que no quedó claro si el cambio de legislación es voluntario o forzoso. En caso de que sea obligatorio, la Argentina podría entrar en default técnico por cambiar las condiciones de pago. Si es optativo podría aumentar la demanda de seguros de protección por default (CDS) y el riesgo de default persiste.

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