El verdadero default

En las últimas semanas la novela en torno a los holdouts tuvo episodios apasionantes. Bravuconadas, arrepentimientos, ensalzamiento de la soberanía nacional y cambios de estrategia, fueron sólo algunos de los momentos clave en este teleteatro. De pronto, todos en la calle hablaban de Thomas Griesa (juez de Nueva York que lleva las demandas de los fondos buitre) con una cercanía inusual, como si se tratara de Juan Román Riquelme o la Bruja Verón. Charlas de café y taxi incluían a este personaje al cual muchos ubicaban como el malo de la novela, con un rostro anguloso y cadavérico.

Algunos decían: “los buitres no van a ver un peso”; otros reconocían el peligro de no cumplir con un compromiso internacional, independientemente de lo injusto que sea el monto que soliciten, materia de otro debate. Sin embargo, todos van a coincidir en un punto: después de más de una década de que Adolfo Rodríguez Saa fuera vitoreado en el Congreso por romper con las “cadenas imperialistas” (anunció que se congelaba el pago de deuda), todavía estamos sufriendo las consecuencias.

No obstante, la verdadera cesación de pagos, la que más duele, no es la de los fondos “buitre” o la anunciada en 2002. La que día a día nos consume y mina los pilares de la economía local se llama inflación, y comenzó con la intervención del INDEC en 2003. El Gobierno de la Nación recauda ARS 56 mil millones anuales mediante el impuesto inflacionario. Es un tributo que no figura en la nómina, pero que año a año se transforma en un default salarial de entre 25% y 30% para todos y todas.

De acuerdo con un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), “el impuesto inflacionario “es -comparado con otros impuestos- muy regresivo, porque la inflación golpea proporcionalmente con mayor virulencia a los ingresos de las familias más pobres”. “También alteran el régimen federal porque el Estado nacional cuenta con una fuente de financiamiento que usa discrecionalmente sin obligación de coparticipar a las provincias”, agrega el informe. Para dimensionar su impacto, aclaran en IDESA, “es un monto equivalente a la mitad de los ingresos totales de la Provincia de Buenos Aires o casi el doble de los ingresos de las provincias de Santa Fe o Córdoba.”

Por supuesto que este nuevo tributo suma un nuevo elemento a la alta presión impositiva que se registra en el país. De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía, esta presión creció a una tasa de 1,6 puntos porcentuales del PBI por año desde 2003. Así, el nivel pasó de 22% del Producto en 2000 al 35% el año pasado.“Es difícil encontrar antecedentes en el mundo de crecimientos tan vertiginosos de la presión tributaria”, remarcan en IDESA.

The Wall Street Journal, en su sección de América Latina, le dedicó una extensa nota al impago de la deuda y a su relación con la inflación, titulada “El callejón sin salida de Argentina”. En un tono apocalíptico, pero interesante, el artículo explicó lo siguiente:

     Las últimas dificultades de Argentina en la justicia estadounidense muestran que las ramificaciones legales de una cesación de pagos pueden prolongarse más de una década, dejando entre tanto la economía en la incertidumbre. 

     Pero tal vez lo peor es que hace que los Gobiernos dependan de una cesación de pagos moderada como una manera fácil de salir de circunstancias difíciles; una cesación de pagos moderada es la que se perpetra contra sus ahorristas locales a través de la inflación.

    Aunque el Gobierno de Argentina insiste, so pena de multar a aquéllos que dicen lo contrario, que la tasa de inflación del país se ubica por debajo de 10%, que ha permanecido en torno a 10% por años y que seguirá apenas por debajo de 10%, los economistas han estimado una tasa de inflación de entre 20% y 25%. Un sondeo muestra que los argentinos esperan tasas de inflación de 30% o más.

     Esas tasas son perniciosas, hacen que la economía se desempeñe por debajo de su potencial y finalmente llevan a nuevas cesaciones de pagos y crisis económicas.

28D, un capítulo imperdible

Sabemos que mientras en Estados Unidos se dirimen Gobierno y bonistas, los argentinos perdemos entre 25% y 30% de nuestro sueldo por año. Sin embargo, lo que suceda en Nueva York no es menor para la economía local y su nivel de inversión extranjera. El 28 de diciembre la Argentina deberá realizar su defensa y ya el 27 de febrero se llevará a cabo la audiencia oral y pública.

En el mejor de los mundos, y es el resultado al cual el Gobierno apuesta todas sus fichas, las condiciones de los bonistas que entraron al canje de 2010 se replicarían para los holdouts.

De esta manera, explica el economista Ramiro Castiñeira (consultora Econométrica), esos USD 1.330 millones que están en litigio se canjearían por nuevos papeles a un valor nominal de USD 446 millones, lo que implicaría una quita de 66% (ver recuadro a continuación).

Gráfico

“Si el mismo ejercicio se extiende para toda la deuda en default, los USD 11.200 millones se canjearían por nuevos bonos por un nominal de USD 4.200 millones. Es decir, deuda en default por 2,3% del PBI, se reconvertiría en nueva deuda por 0,9% del PBI. Los intereses en 2013 serían sólo USD 274 millones y el primer vencimiento de capital llegaría en 2017”, concluye el economista.

Como ve, la Argentina coquetea peligrosamente con el default, como si se tratara de un juego morboso. Primero fueron los bonos que ajustan por CER (inflación oficial) y que no reflejan el aumento real de los precios, seguido por el impuesto inflacionario, y ahora se habla de incumplimiento con los holdouts.

Esperemos que esta novela –al mejor estilo mexicano- tenga un final feliz para todos los argentinos.

Un saludo cordial,

Ignacio.

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