La diferencia entre un Estado “socio” y un Estado que “va por todo”

Durante la Gran Depresión del ’30 que tuvo lugar en los Estados Unidos, que significó la peor crisis económica de la historia de ese país, emergió con fuerza el debate acerca el rol que debía cumplir el Estado en una economía y su objetivo principal: el de matizar los extremos de los ciclos económicos.

Por ese entonces, existían dos corrientes económicas que tenían visiones opuestas.

Para los keynesianos la idea principal descansa en que la demanda agregada es influenciada por un conjunto amplio de decisiones económicas hechas tanto por agentes del sector privado como por agentes del sector público, como también por la política fiscal y la monetaria. En líneas generales, están a favor de un estado intervencionista.

Para los monetaristas, en cambio, los cambios en el stock de dinero son los que provocan los principales alteraciones en el ingreso nominal, en el consumo y, por ende, en la demanda agregada. En sus pensamientos, el stock de dinero debe crecer a la misma tasa de crecimiento que el PBI de largo plazo, por lo que la expresión del Estado debe reducirse al mínimo.

Ambas visiones muestran los extremos antagónicos en el comportamiento asumido por el Estado y su presencia en la economía. En mi consideración, una posición media entre ambas posturas es la que mayores beneficios derrame sobre la sociedad.

La crisis financiera que tuvo su origen en el mercado hipotecario de Estados Unidos en el año 2007 y la crisis económica que atraviesa Europa en el presente, han reavivado el debate nuevamente sobre la necesidad o no de un Estado con mayor presencia para orientar de manera más eficiente las decisiones económicas que se ejecutan desde el ámbito privado.

Alrededor del mundo, se escuchan voces a favor y en contra que discuten acerca de la participación estatal en la economía, hecho que quedó reflejado en las distintas discusiones entre los líderes europeos promoviendo soluciones a la crisis.

En Latinoamérica, muchos actuales gobernantes han aprovechado esta nueva ola de impulso de las ideas keynesianas para promover al máximo el rol interventor del Estado. En muchos países, como Argentina, Venezuela o Ecuador, este nuevo rol estatal se ha llevado al extremo, deformando las ideas originales de John Maynard Keynes. Esto ha generado mayor incertidumbre y se ha tornado contraproducente para el porvenir futuro de esas naciones.

Los contrastes que se observan en la actualidad…

Como señalé anteriormente, creo que la expresión del Estado no debe reducirse a la mínima expresión (visión monetarista), pero tampoco debe ser protagonista exclusivo en actividades que les competen a los agentes del sector privado.

Una excesiva participación estatal en la economía termina generando un “capitalismo de amigos”, con discrecionalidad en el uso de los recursos y la toma de decisiones de política económica y desincentivando la competencia y la innovación.

En la actualidad hay dos ejemplos claros sobre la diferencia entre un Estado “socio” y un Estado “que va por todo”.

Esta semana se conoció que el Tesoro estadounidense se desprendió parcialmente de una participación de acciones que tenía en la principal aseguradora estadounidense, AIG. Esta posición en acciones, que habían sido adquiridas en 2008 tras un masivo rescate financiero, le permitirá a los contribuyentes ganar en torno a US$ 15 mil millones cuando el Estado se desprenda de la totalidad de las mismas.

Reuters presentaba la noticia de la siguiente manera:

“El Gobierno de Estados Unidos redujo el lunes su participación en American International Group Inc a un 19 por ciento, logrando una ganancia de 12.400 millones de dólares por el rescate a la aseguradora durante la crisis financiera y acercándose al final de la impopular medida.

El Departamento del Tesoro vendió 18.000 millones de dólares en acciones de la aseguradora a 32,50 dólares cada una, en la que podría ser la mayor oferta secundaria en la historia de Estados Unidos.

Los suscriptores tienen la opción de comprar otros 2.700 millones de dólares en acciones de AIG, la que pueden ejercer dentro de los próximos 30 días.

La oferta representa la mayor venta de acciones de AIG por parte del Gobierno desde que este rescató a la compañía en el 2008 y 2009.

El Gobierno llegó a comprometer hasta 182.300 millones de dólares para apuntalar a la firma en momentos en que las pérdidas subprime crecían y obligaban a la aseguradora a reunir efectivo rápido.

A cambio, el Gobierno recibió cerca de un 80 por ciento de participación en la compañía.

La venta del Tesoro se da mientras el presidente Barack Obama realiza su campaña para obtener un segundo mandato y se ha visto obligado a defender su respaldo a las decisiones de usar el dinero de los contribuyentes para apuntalar a compañías durante la crisis financiera”

Este es un claro ejemplo de la forma en que debería actuar el Estado, ayudando financieramente a las empresas del sector privado cuando hay un riesgo generalizado de quiebra sistémica, sabiendo en qué momento desprenderse de las participaciones en las empresas privadas con una ganancia significativa para los contribuyentes. El Estado estadounidense vende las acciones porque su rol principal no es el de gerenciar el mercado de seguros estadounidense sino manejar eficientemente los recursos fiscales pertenecientes a todos los ciudadanos.

Sin embargo, no debe confundirse el rescate que recibió AIG en su momento con la implementación permanente de una política de cheque en blanco disponible para que las empresas privadas “arreglen”, con recursos públicos, los excesos cometidos.

El Estado debe investigar la causa de esos excesos y aplicar las sanciones correspondientes. Pero paralelamente debe adoptar las mejores medidas posibles para bregar por el bienestar común y además optimizar los incentivos de competencia e innovación en el sector privado, aún cuando en extraordinarias ocasiones se trate de “rescatar” financieramente a las empresas.

En contraste, en Argentina tenemos más señales relacionadas a un Estado con fuerte carácter intervencionista y con dudosa capacidad de generar los incentivos necesarios entre los agentes del sector privado.

La intervención del Estado tiende, mayoritariamente, a desvirtuar la esencia del desarrollo económico basado en la innovación y la competencia. Es lo que muchos señalan como “la aplicación de la idea keynesiana al límite”, deformando los principios originales de este pensamiento y vinculándolo con un Estado “que va por todo”.

Esperemos que haya un cambio de timón en el rumbo económico actual de manera tal de sentar las bases para el desarrollo económico sostenible en base a la innovación y competencia. Por el momento, se observa mucha intransigencia.

Buen fin de semana.

Diego.

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