El Impuesto de las Personas Físicas (IRPF) comenzó a regir en Uruguay ayer, en la primera reforma estructural en décadas del sistema impositivo uruguayo. Este gravamen que reemplaza a unos 14 tributos, se aplicará a salarios, jubilaciones y rendimientos de capital, sean inmuebles, activos financieros o productivos.
El IRPF ya fue aplicado entre 1961 y 1974. Según el gobierno socialista de Tabaré Vázquez se incorporarán 400.000 contribuyentes, con lo que se estima que 700.000 personas pagarán el nuevo impuesto sobre 3,3 millones de uruguayos. El mínimo no gravado equivaldrá a unos 340 dólares mensuales.
En medio de críticas de diverso origen, el gobierno esgrimió que unos 175.000 contribuyentes sostendrán el 80 por ciento de recaudación del nuevo impuesto y ellos son los más pudientes.
Parte de los aportantes serán los argentinos que tienen casas para alquilar en Punta del Este, ya que el impuesto prevé cargas sobre el usufructo de contratos de locación.
La reforma implica además la rebaja de cinco puntos porcentuales en el impuesto a la Renta empresarial, el descenso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 23 al 22 por ciento (de 14 a 10 por ciento la alícuota mínima).
Entre los impuestos eliminados figura el de las Retribuciones Personales, activos de las empresas bancarias, servicios de salud, pequeñas empresas, comisiones, telecomunicaciones, tarjetas de crédito, agropecuarias, pases deportivos, y sorteos y competencias.
Además, se imponen tributos a las rentas empresariales, con un “principio de fuente territorial” (rentas generadas en territorio uruguayo). Fija una tasa de tres por ciento a los intereses de depósitos a más de un año en moneda extranjera y mantiene el Impuesto al Patrimonio de la Persona Física con una tasa “simbólica” de 0, 1 por ciento.
El ministro de Economía, Danilo Astori, declaró que la reforma traerá “equidad, eficiencia y estímulo a la inversión productiva”. Las estimaciones oficiales indican que se recaudará 52 por ciento más que con el sistema anterior.
Empresarios, sindicatos, jubilados y técnicos esgrimieron diferentes críticas y desmintieron el lema frenteamplista de que “pagarán más lo que tienen más”. La ley fue aprobada tras un arduo debate en diciembre pasado, gracias a la mayoría parlamentaria del Frente Amplio.
