Research de la semana: La truculenta ley de abastecimiento: una espada de damocles de la que no nos terminamos de librar nunca

El debut del nuevo secretario de Coordinación Técnica de Economía se basó en una normativa que es, a todas luces, capciosa e infundada. En efecto, la mencionada ley de
1974 fue severamente acotada por la dupla liberalizadora Cavallo-Menem en el famoso Decreto 2284 de 1991, que liberalizó vastos sectores de la economía y que en 1993 fuera ratificado por la ley 24.307. Desde entonces, el Poder Ejecutivo sólo puede disponer de las excesivas facultades que la ley de Abastecimiento le da si cuenta con la previa declaración, por parte del Congreso Nacional, del “estado de emergencia de abastecimiento”. De otro modo, carece de esas facultades.
Está absolutamente claro que el mercado de la carne de hoy no presenta ningún síntoma, por mínimo que fuera, que pueda interpretarse como un problema de abastecimiento.
Tampoco era un problema de exportaciones lo que había en este mercado a mediados de marzo, cuando se prohibieron las ventas con ese destino. El verdadero y único problema que el Gobierno enfrenta es el de la inflación, pero no en el mercado de la carne (pues, en ese caso, no sería inflación), sino en toda la economía. Y ello se debe a un deliberado manejo, por parte del Banco Central, de la política monetaria. No hay más dónde buscar: éstos son los hechos.
Ahora bien, el Gobierno persiste en su error de atacar el problema con herramientas propicias para enfrentar otros problemas que hoy no se verifican. Y lo que sigue obteniendo es la falta de soluciones para su problema principal. Ahora bien, no se trata sólo de un error técnico de diagnóstico o de implementación de soluciones, lamentablemente. Porque, en este camino, se echa mano de mecanismos verdaderamente ilegítimos, que violentan el libre uso de la propiedad privada sin motivo justificado.
La penosa ley de 1974 rige sobre todos aquellos bienes o servicios que se destinen a satisfacer “directamente o indirectamente necesidades comunes o corrientes de la población”, es decir, rige sobre todo el espectro de la producción económica. Encima otorga al Ejecutivo, sobre tan amplio objeto, facultades extravagantes, entre las que se cuentan las de establecer precios máximos, mínimos o márgenes de utilidad, la de obligar a las empresas a producir contra su voluntad, la de prohibirles exportar cuando lo requieran las “necesidades del país” y hasta la de intervenir empresas temporariamente y manejarlas.
Además, se disponen severas penas para aquellos empresarios y sus empleados jerárquicos que eleven los precios de manera “que no responda proporcionalmente” a los incrementos de costos o se nieguen “injustificadamente” a vender su mercadería. Como se aprecia, todas estas disposiciones están fuertemente cargadas de supuestos que son las antípodas de la libertad de comercio y el desarrollo capitalista de la economía. Para la lógica empresaria, los riesgos se asumen para obtener beneficios y los precios deben superar los costos todo lo que el mercado lo permita voluntariamente, es decir, lo demande. Por lo único que el Estado debe velar es por el cumplimiento del respeto de la libre competencia y el no abuso de posiciones dominantes en los mercados. El resto debe ser el libre juego de la economía y… ¡qué gane el mejor!
Que no es ésta la lógica del gobierno nacional, está del todo claro desde hace rato. Lo que no está claro es por qué la ley de Abastecimiento se salvó de la derogación en 1991 y no llega a ser aprobada o utilizada abiertamente ahora. En 1991, ante una de las mayores arremetidas liberadoras de la historia económica argentina, fue severamente limitada… pero no derogada, para que el gobierno se reservara una herramienta de emergencia. Pero tampoco ahora es utilizada abiertamente. La ministra Felisa Miceli, cuando prohibió las exportaciones de carne, no apeló al inciso f) del artículo 2º de esta ley, que se lo autoriza, pues para ello debía lograr la previa sanción de la emergencia de abastecimiento, que no existía.
El secretario Moreno, ahora, si bien alude expresamente a la norma, lo hace de manera sumamente capciosa y judicialmente débil, pues lo hace de un modo en el que pareciera limitarse a utilizarla según el único supuesto de la ley que no requiere de esa sanción legislativa, a saber, la inocua disposición del inciso c) de ese mismo artículo, que dispone que el Ejecutivo podrá “dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción”. Sin embargo, lo que su resolución establece son precios máximos, una medida contemplada en el inciso a) de ese artículo. Como esta disposición sí requiere de la previa sanción legislativa de la emergencia, resulta nula en su forma actual.
Claro que, para ello, los interesados deben atreverse a hacer el planteo judicial.
Hay además un serio error técnico en la medida. Se instrumenta un novedoso sistema de fondo fiduciario que se alimentará de los precios de mercado que superen el precio máximo establecido. Esos fondos, que no llegarán al productor de manos del consignatario, los acumulará éste (en su carácter de fiduciario) con el fin de financiarle a los fiduciantes (productores) la ampliación de la oferta de ganado. Pero si esos fondos son positivos será porque los precios máximos no se habrán respetado. Y si ello sucediera, los precios máximos que rigen para frigoríficos y carniceros, es decir, para abajo de la cadena de valor, sólo podrán ser respetados a costa de las utilidades de los primeros.
Por lo tanto, ¿rigen precios máximos en la carne? En un sentido estricto, no. Lo que rige es un sistema de ahorro forzoso de los productores, que será administrado por los consignatarios y redistribuido entre algunos productores, que fue dispuesto por una resolución del Poder Ejecutivo, el que no tienen facultades legítimas para ello, y que, de ser implementado, afectará fundamentalmente la rentabilidad de los frigoríficos y de los productores no beneficiados con el posterior financiamiento. Por cierto, todo el sector se verá perjudicado por esta tremenda intromisión discrecional del Estado en su negocio, afectando severamente las perspectivas de inversión.